Se refiere a la contratación de servicios profesionales en derecho para atender gestiones que sean urgentes y respecto de las cuales la Administración no cuente con personal capacitado para ello, en las cuales esté de por medio la protección y defensa de los intereses y bienes públicos. Además, no debe tratarse de necesidades de carácter permanente, por ejemplo que deberían atender los respectivos abogados de planta, sino de servicios ocasionales que estén referidos a un objeto específico.

Así entonces tenemos como ejemplo, la atención de un informe que deba rendirse con ocasión de la interposición de un recurso de amparo o bien, la atención de una gestión judicial en un plazo muy corto en el cual no da tiempo de realizar una licitación para contratar un abogado especialista en una materia en particular de la cual no se cuenta con abogados especialistas en la institución, como derechos de autor.