Consiste en aquellos casos en que resulta muy difícil o imposible hacer un cálculo del monto del negocio en cuestión, ya que por las particularidades del bien o servicio que se requiere adquirir no se puede saber cuánto va a costar, por lo que ante la duda, la ley se inclina por aplicar el procedimiento más formalista como lo es la licitación pública.

Algunos ejemplos son: la contratación de abogados para que lleven los juicios de cobro judicial de una institución, pues no se sabe el monto de los honorarios que habrá que pagar al profesional contratado. Esto, al depender ello de varios factores que no se pueden conocer al momento de hacer el cálculo de cuánto costará dicha contratación.