Se refiere a la habilitación con la que cuenta la Administración para realizar en forma directa las contrataciones que sean necesarias para enfrentar situaciones totalmente imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los servicios públicos esenciales, por ejemplo en el servicio de agua potable la ruptura de un tubo madre que abastece a la población.

Debe encontrarse involucrado un servicio público esencial y debe tratarse de una situación imprevisible, por lo que no entran en ese supuesto las faltas de abastecimiento.