Se puede contratar en forma directa el arrendamiento de los vehículos de los funcionarios de la Administración, cuando para el cumplimiento de sus funciones deban desplazarse y resulte más económico y razonable, pagar un precio por la utilización de dichos vehículos. Es muy importante contar con un adecuado y eficiente sistema de control interno.

Se requiere de la autorización de la Contraloría General de la República, quien además fija de manera periódica las tarifas correspondientes.