Son instrumentos de fiscalización y autoevaluación técnica basados en un marco referencial de criterios normativos y buenas prácticas aplicables. Estos permiten a las instituciones medir su nivel de preparación en la administración de sus subsistemas de recursos (financieros, humanos, tecnológicos y de bienes y servicios) mediante la evaluación de cuatro dimensiones: estrategia y estructura, procesos e información, liderazgo y cultura, y competencias y equipos.

Su aplicación tiene como fin asegurar que la organización y articulación de dichos recursos cumplan con el bloque de legalidad y estándares técnicos vigentes, garantizando así el cumplimiento de objetivos, la continuidad de los servicios y la generación de valor público.