Si vence el plazo para corregir defectos y estos no fueron atendidos a satisfacción, la Administración decidirá según su gravedad y el interés público, si solo ejecuta la garantía de cumplimiento o si también inicia el respectivo procedimiento para terminar el contrato.

Si los daños sufridos exceden el monto de la garantía, la Administración puede adoptar las medidas administrativas y judiciales necesarias para ser indemnizada.